Vistas a la página totales

248627

domingo, 21 de septiembre de 2025

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LOS INTERESES DEL AZUAY

 El presidente Noboa dice que convocará a una Asamblea Nacional Constituyente para los próximos meses. Es evidente que tiene intenciones notorias e inocultables con este empeño. La víspera de su anuncio, conviene recordar, se produjo una enorme movilización social en contra de la contaminación del agua en el caso de la explotación de la mina Quimsacocha.

Resulta notorio que el presidente tiene compromisos muy grandes con la multinacional Dundee Precious Metals, que se expresan en dos hechos: el no haber archivado su explotación ante un clamor tan colosal como el exteriorizado por toda la provincia del Azuay, y, segundo, el haber pedido en forma expresa que el Alcalde de Cuenca y el Prefecto del Azuay atiendan una demanda de arbitraje de esta compañía en la ciudad de Londres.

No habría ninguna razón para un arbitraje, en ninguna parte del mundo; primero, porque prohíbe esos arbitrajes, en forma expresa, el Art. 422 de la Constitución vigente y porque el pueblo decidió su rotunda oposición a esos arbitrajes en consulta popular en abril del 2024, salvo que el gobierno nacional, en forma inconstitucional y a espaldas del país, burlándose de la opinión del pueblo, hubiese firmado algún compromiso de arbitraje internacional en ese sentido, comprometiendo al país.

En El Universo, del viernes 2 de mayo del 2025, pág. 8, la compañía SOLGOLD, concesionaria de la mina “Cascabel” de la provincia de Imbabura (una de las mayores reservas del mundo en oro, plata y cobre), informa que dicha empresa firmó un compromiso de Arbitraje Internacional “bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Londres”. Indica además que se suscribió ese compromiso con la venia del gobierno y la aprobación expresa del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador.

Cabe preguntar: ¿No será que también existe firmado algún compromiso similar para algún arbitraje internacional sobre la explotación de la mina azuaya de Quimsacocha? El presidente se refirió, con absoluta precisión, al arbitraje de Londres. ¿Es posible conseguir el contrato de explotación minera a favor de la Dundee Precious Metals y revisar la cláusula para dirimir diferencias en caso de haberlas? ¿No alegarán desde el gobierno que existe un compromiso de “confidencialidad” o encubrimiento?

Con una nueva Constitución, donde el proceso de consulta manejaría el actual CNE dirigido por Diana Atamaint, y cuando anuncia que se elegirían los asambleístas por plancha (para asegurarse la mayoría), resulta evidente que el gobierno pretendería eliminar el requisito actual del Art. 57, numeral 7, de la Constitución, relativo a la “consulta previa e informada” sobre planes y programas “de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables” que se encuentren en tierras “de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”, así como allanaría todo obstáculo o requisito para entregar las minas, el petróleo y todos los recursos naturales como es su evidente y notoria intención. ¡Estamos advertidos de sus afanes e intereses!

Con el actual texto constitucional no podría hacer lo que le da la gana en este campo, más aún cuando el Art. 106, inciso tercero, de la Constitución, ordena que “El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento”, consulta que ya se llevó a efecto el 7 de febrero del 2021, y cuyos resultados están vigentes. Con una nueva constitución, hecha a la medida de los intereses de las corporaciones extranjeras, y con mayoría bajo su control, todo lo anterior podrían derogar. ¡Allá van!

sábado, 20 de septiembre de 2025

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR NO ES LA RESPONSABLE DE LA DELINCUENCIA

Estamos asistiendo en estos días al manejo intensivo de trolls al servicio del gobierno de Noboa, quien busca imponer una dictadura represiva y sin control ni fiscalización alguna. Es perceptible apreciar como aplican la práctica intensiva, sin réplica, en la práctica del bombardeo ideológico trazado por el ministro de Propaganda del nazismo, Joseph Geobbels, quien enseñaba a todos sus subalternos del Tercer Reich que “Una mentira cien veces hábilmente repetida se convierte en verdad”. Analicemos dicha manipulación informativa y el anonimato agresivo y descalificador en sus mensajes.

Existen tres objetivos en las campañas de mentiras del oficialismo, con cientos o miles de trolls, en estos días:

Primero: Hacer creer que la delincuencia existe porque así lo permite la Constitución vigente.

Segundo: buscan convencer a nivel nacional que la masiva, poderosa e inocultable movilización en Cuenca, defendiendo sus fuentes hídricas, ha sido producto de la desinformación y el engaño a la ciudadanía.

Tercero: Pretenden indisponer a la mayor cantidad de gente posible en contra del movimiento indígena, para intentar neutralizar y descalificar sus proposiciones, incluso recurriendo a aspectos racistas. 

Vamos hoy al primer objetivo engañoso a la luz de la lógica y de la razón.

En Ecuador, al igual que en Colombia, Perú, Bolivia, Honduras, México, Chile, y otros países existen problemas de seguridad y de delincuencia similar. Pero la Constitución del Ecuador no está vigente en ninguno de los hermanos países, ni tampoco la Carta Magna de ellos rige en nuestro país, pero en todos ellos, con Constituciones diversas, existen problemas de seguridad similar.

Quienes dicen que la raíz de la delincuencia del Ecuador está en el texto constitucional, están profundamente equivocados. Nunca precisan cuáles son los artículos que promueven la criminalidad o la impunidad. Solo se han referido a que el Art. 416, numeral 6, permite el ingreso de extranjeros, que por cierto es una regulación discutible. El concurrir a otro país, emigrar incluso, no es soporte para creer con razón que migración es sinónimo de criminalidad. Nuestros compatriotas están en EE UU, Canadá, México, España, y cien países, pero en ninguna parte son irrespetados ni menospreciados. Todo lo contrario, son muy estimados por su sencillez y laboriosidad. Siempre debemos recordar el viejo dicho: “No hagas a otro lo que no deseas que te hagan a ti.”

LAS NORMAS QUE JUZGAN LOS DELITOS Y ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, PENAS Y SANCIONES NO ESTÁN EN LA CONSTITUCIÓN, SINO EN LAS LEYES SECUNDARIAS. Sobre todo en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en el caso de nuestro país. Esos cuerpos jurídicos son los que deberían perfeccionarse, y junto a ello tener jueces y fiscales probos y honestos. Recordemos que el 7 de mayo del 2011 mediante fraude electoral, con 1´229.330 votantes fantasmas se llevaron las cortes. Que existen jueces y fiscales que son una calamidad, sin absolutizar eso es cierto. La mayoría se posesionaron luego del fraude para tomarse la Justicia, Pero ningún presidente desea cambiar a la Administración de Justicia. Ni Moreno, ni Lasso, ni Noboa, han propuesto jamás depurar la administración de Justicia. Y todos han hecho consultas ciudadanas, pero nadie aborda ese aspecto fundamental en una sociedad. ¡Noboa no ha propuesto jamás nada al respecto, pero está muy preocupado para que se permitan los juegos de azar en los casinos de hoteles de cinco estrellas!

¿Por qué los delitos más comunes y que más se presentan en los países de Sudamérica no son los mismos que se producen en Suecia, Noruega, Dinamarca, u Holanda? ¿Creen que es un problema de genes o racial? Nada de eso. En nuestros países los delitos más comunes son los de carácter económico y de raíz social. Miremos los porcentajes de los presos por el tipo de delito. Hacia fines de la década del sesenta, hace décadas, el distinguido jurista lojano Jorge Hugo Rengel, elaboró un texto sobre el origen social del delito o “Concepción Sociológica del Delito”. Las encuestas evidenciaron que el 85% de los presos eran por hurtos, robos, microtráfico; eran los pungas, arranchadores, escaperos, y ese tipo de delitos.

Los jóvenes que ingresan a las organizaciones delictivas no lo hacen por el texto constitucional, sino porque no tienen trabajo ni estudio y les ofrecen ganar algunos cientos de dólares para que sobrevivan sus familias. Entre el 2011 al 2019 quedaron fuera de las universidades, por regulaciones discriminatorias, un millón 300 mil jóvenes y de ellos un millón no poseían trabajo. A la oligarquía no le ha importado jamás la vida del pueblo. Ellos solo piensan en las privatizaciones, comisiones, “mordidas”, e incrementar sus fortunas con total impunidad. Ahora proponen una Asamblea en la que ellos tengan mayoría con un Consejo Nacional Electoral de bolsillo. ¡Para ello ponen a trabajar a sus miles de troles para convencer a la ciudadanía con mentiras, calumnias, ataques, distorsiones e inventos!


PRIVATIZACIONES Y “MORDIDAS”


El Premio Nobel de Economía del año 2001 fue entregado a Joseph Stiglitz, quien era economista principal del Banco Mundial, presidente del Consejo de Asesores Económicos del régimen de Bill Clinton. Aunque antes había asesorado al Fondo Monetario Internacional, FMI, sostuvo luego una fuerte polémica con esta entidad y la Organización Mundial de Comercio, OMC, por las políticas impuestas a los países desarrollados. Los acusaba de seguir políticas del Departamento del Tesoro y favorecer a los círculos financieros más poderosos del planeta.
Profundo conocedor de los organismos multilaterales, concedió una entrevista que se publicó siete días después de haber recibido el Premio Nobel, el 10 de octubre del 2001, en el diario “The Observer”, de Londres, en una entrevista para el periodista Greg Palast, cuyo título era “El Globalizador que regresó del frío”, donde destaca como los entes multilaterales profundizan las privatizaciones en los países que aceptan sus créditos “como una forma de obtener recursos” para garantizar los pagos de los créditos obtenidos. Forman parte de los llamados “acuerdos de reestructuración de deuda” que en forma supuesta son “voluntarios”.
Allí narra lo que, en palabras suyas, debería llamarse “el reinado del soborno” para facilitar la transferencia, concesión o privatización de los recursos naturales no renovables (como petróleo, minas, gas, tierras raras) y empresas fiscales muy rentables, como las eléctricas, telefónicas, de agua, y otras, a las denomina “industrias del Estado”. En forma textual, refiriéndose a los presidentes o ministros de Economía, de los países deudores, señala: “Usted podía ver como se les salían los ojos ante la perspectiva de una comisión del diez por ciento, consignadas en cuentas de bancos suizos, paraísos fiscales, o donde digan, por entregar” de miles de millones de dólares de sus activos nacionales.
No solo reciben una suculenta “mordida” los países sometidos a estos organismos multilaterales, sino que se ha convertido en una regla general para toda transferencia o privatización impulsada por regímenes del globalismo o globo colonizadores. Recordemos que en el gobierno de Correa se entregaron 18 campos petroleros, las más lucrativas minas (de oro, plata, cobre), los puertos marítimos (Puerto Bolívar por 60 años, Posorja por 50, Manta por 40, Providencia por 30, en Sucumbíos), la telefonía celular, las fábricas de cemento (como la Chimborazo y la Guapán), entre otros bienes nacionales transferidos. Pero eso no es todo.
Debemos anotar que quedaron aprobadas las leyes para privatizar los siguientes bienes, que las puede utilizar Daniel Noboa, como lo hicieron regímenes precedentes: las tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos; las centrales hidroeléctricas; la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ferrocarriles, Correos del Estado; el Banco del Pacífico; la Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, la empresa TAME. El gobierno de Noboa aprobó la transferencia del gas, con el pretexto de los apagones, y están embalados para acceder al control, manejo y reparto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¡Debe recordar nuestro pueblo como los atormentadores de siempre están organizados para el despojo permanente del patrimonio social y nacional a nuestra Patria bendita, asociados siempre con grandes multinacionales, propiedad de los círculos financieros más poderosos del planeta!
¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

martes, 16 de septiembre de 2025

¡AZUAY ESCOGIÓ PROTEGER LA VIDA!

El 7 de febrero del 2021 el pueblo del Azuay y Cuenca, en consulta popular aprobada por la Corte Constitucional, con más del 80% de votos, decidió en forma rotunda que se protejan sus páramos, humedales y fuentes de agua, así como se restrinja la minería metálica, y, en definitiva, no se explote la mina Quimsacocha, que está en la parte alta del macizo andino cercano a Cuenca, Girón y decenas de poblaciones. Quimsa, en quichua, significa tres; y cocha es laguna. El Art. 106, inciso tercero, de la Constitución proclama al respecto: “El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento.” Como si no fuese suficiente, pueden agregarse, a favor de esta causa, resoluciones judiciales y varias declaratorias municipales declarando a las zonas del páramo como ecosistemas protegidos.

No se debe olvidar tampoco que el Art. 12 de la Constitución consagra que “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

En Quimsacocha o Tres Lagunas (rebautizada desde el poder como Loma Larga, para desechar su nombre y significado original) nacen varios ríos: el Irquis, el Bermejo (afluente del río Yanuncay) y otras vertientes que van al río Tarqui. Según varios expertos, así como de técnicos de la empresa municipal de Teléfonos y Agua Potable (ETAPA), dos de los cuatro ríos de Cuenca, de donde se obtiene el agua potable, quedarían muy afectados, sobre todo sus actuales 607 mil habitantes. Habría una muy grave contaminación con arsénico, mercurio, níquel, plomo, cadmio y aluminio, entre otros elementos; y las aguas subterráneas, o freáticas, también se envenenarían.

En Quimsacocha también se forman los ríos Titán, Cristal, Zhununcay, la caudalosa quebrada de Alumbre, que a través del río Girón trasladarían aguas contaminadas con arsénico y mercurio al río Jubones, que afectarían, siempre según los expertos –a quienes me remito-, cultivos de banano y otros productos de varios cantones de El Oro. El proyecto minero, además, establece que requerirían remover y transportar 3.400 toneladas de tierra y roca de la montaña, cada día. Sería una tragedia sin parangón ni antecedentes en el país.

¡La ciudadanía azuaya jamás permitirá la destrucción de decenas de sus poblados y de su provincia, así como de sus fuentes primordiales de agua y de vida!

Este proyecto aurífero Quimsacocha se lo impulsó a todo vapor en el régimen de Correa aplicando la Ley de Minería, publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 517, del 29 de enero del 2009, en cuyo Art. 31 permite la entrega de concesiones mineras (de oro, plata y cobre), por parte del Ejecutivo, en forma directa. El Art. 93 de esta misma ley establece en torno a las regalías que “para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral y los minerales secundarios, no menor al 5% de las ventas”, agregando de seguido una regulación antinacional terrible: “y para el caso del oro, plata y cobre no mayor al 8%.”

¡Es decir que, cuando se trate de explotar el oro, plata y cobre, las regalías para las multinacionales serán cuando menos del 92 por ciento y quedará para el Estado no más del ocho por ciento! Luego de dos visitas a Canadá ha tomado la posta, también de modo fervoroso, el régimen de Daniel Noboa. Dicho país es la sede de la multinacional DUNDEE PRECIOUS METALS, que espera llevarse el oro dejando los despojos y material de relave muy contaminante en nuestra tierra. Con una denunciada autorización ilegal y tramposa del Ministerio de Ambiente, sin ninguna consulta válida, pretenden iniciar la explotación minera a la brevedad. ¡Noboa cuenta con las mismas leyes, las mismas políticas, los mismos intereses, funcionarios y asesores de Correa! ¡Pero el pueblo azuayo, heredero de los bravos Cañaris (a quienes no pudieron derrotar los incas), está dispuesto a enfrentarlos y a vencerlos a todos ellos! ¡Ni el engaño sistemático ni la simulación refinada les servirá! ¡El pueblo no se deja engañar por las dictaduras electrónicas sucesivas y heredadas, de esencia antinacional y antipopular en posta, instaladas y proclamadas por los escandalosos fraudes electorales consumados a espaldas de un pueblo que jamás los eligió!

Las organizaciones populares del Ecuador conocen a la perfección que, por el desalojo del correismo, en nuestro propio país, ya no existen las poblaciones de Tundayme, en Zamora Chinchipe, para entregar esa área para la mina “Mirador”, de oro, plata y cobre, a favor de las multinacionales “China Railway Co. Ltd,” y a la “Tongling Nonferrus Metals Group Holding Co. Ltd.” con el nombre de consorcio ECUACORRIENTE, ECSA. También recuerdan el violento desalojo de todo el valle de Nankintz, en Morona Santiago, de mayoritaria población shuara, para favorecer a las mismas multinacionales (pero con el nombre de EXPORCOBRES), concesionando la mina “Panatza San Carlos”, que es la segunda concentración más grande del mundo en cobre, con 14 mil millones de toneladas.

No es nada desconocido que en Chile, por la contaminación desde el desierto, todos los habitantes de Chuquicamata fueron reubicados desde hace décadas en Calama. En Perú y Brasil, por la terrible contaminación del agua y la migración forzada, cientos de poblados han desaparecido. Por eso la lucha y resistencia de los campesinos e indígenas ecuatorianos merece toda nuestra solidaridad, más aún cuando las últimas leyes urgentes de Daniel Noboa apuntan sobre todo a la represión social generalizada, y le franquean la puerta para que pobladores, ambientalistas y defensores de la naturaleza nacional, entre otros muchos grupos humanos, puedan ser acusados de “terroristas” y reprimidos de manera feroz.

La gran prensa está ocultando la verdad y cumpliendo, salvo excepciones, el papel de caja de resonancia de las mentiras planificadas y sistemáticas de otro régimen privatizador y represivo, servidor de las multinacionales y de la globo colonización, instalado en el poder con el concurso de un CNE de bolsillo e inconstitucional, cuya mayoría fue auspiciada por Rafael Correa y Jaime Nebot, como se puede comprobar en El Universo, del domingo 28 de octubre del 2018, pág. 3, y en Expreso, del jueves 25 de octubre del 2018, pág. 4. Este organismo de bolsillo e ilegítimo, utilizado para proclamar mayorías legislativas y finalistas jamás electos, aspiran ahora que dirija la nueva “consulta” hasta que proclame que el país “desea” la presencia de bases militares extranjeras en nuestro Ecuador bendito, y otros afanes del régimen autoritario.

El gobierno, ante la vibrante resistencia del pueblo azuayo, al verse acorralado y frente a la posibilidad de nuevas movilizaciones, dice que entonces el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay resuelvan las demandas ante organismos internacionales de arbitraje donde puede acudir la multinacional, olvidando que el Art. 422 de la Constitución, prohíbe en forma expresa que Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. ¿Alguien acaso sometió al país a eventuales arbitrajes extranjeros en forma inconstitucional? ¿Ante que organismo jurídico lo hizo? ¿Qué gobierno comprometió al país y cuándo violó la Constitución? ¡El Ecuador, mediante consulta popular, en abril del 2024 rechazó, de manera masiva, una vez más, someter al país a los tramposos arbitrajes internacionales!

La columna vertebral de esta colosal resistencia social ha sido la lucha popular, sobre todo de campesinos e indígenas, quienes fueron los primeros en advertir y percatarse de los peligros que acechaban, víctimas de represión constante y quienes saben a la perfección que con la contaminación del agua vienen enfermedades graves y numerosas muertes de pobladores, animales y sembríos. Con el agua envenenada se desintegran y migran, de modo forzado, grandes núcleos humanos, sus familias y vecindarios con siglos y generaciones de vida comunitaria y actividad agrícola compartida. Existen incontables ejemplos de destrucción social en el mundo entero a causa de la contaminación. ¡Por ello el pueblo del Azuay decidió luchar por el agua y por la vida!

Existe una muy importante lección que asumir y aprender. ¡No todas las minas, por valiosas que sean, pueden explotarse! ¡Debe siempre respetarse al máximo a las comunidades humanas, y evitarse riesgos insalvables o peligrosos! Si encontrasen vetas de oro o diamantes bajo la Plaza de la Independencia, en Quito, o del Parque Centenario, de Guayaquil, aquello no significa que debe autorizarse su explotación. ¡No puede lastimarse la naturaleza nacional para que las ganancias fabulosas, luego de la destrucción de nuestro país, se lleven las corporaciones extranjeras! 

La lucha por el agua y la vida, y el respeto indispensable a la naturaleza en zonas vulnerables, es una medida insoslayable para la sobrevivencia humana, de las comunidades rurales y ciudades. Los gobiernos olvidan que son transitorios y que las colectividades nacionales, formadas por millones de personas y familias, son permanentes y perpetuas, y jamás pueden ni deben doblegarse ante los afanes opresivos para su debilitamiento. ¡Las colectividades deben luchar siempre, sobre toda otra consideración, por la vida, por su sobrevivencia, su bienestar, su libertad y dignidad de esta y de todas las generaciones del porvenir! ¡El Azuay y el Ecuador no nos pertenecen solo a nosotros –que somos transitorios- , sino a todos los descendientes sin excepción, incluso a aquellos que no hemos visto nunca ni miraremos sus ojos jamás, pero que sabemos con certeza que un día vivirán en nuestra Patria sagrada!

Cuánta razón tenía el ex presidente argentino Arturo Illia, patriota honorable y ejemplar, que advertía en la década del sesenta, antes de ser derrocado por esbirros de las multinacionales: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender.” ¡Situación que en forma lamentable se cumple en nuestro país de manera permanente! Pero como enseña Eduardo Galeano “después de tantos viernes santos un día, sin ninguna duda, tendremos un domingo de resurrección”.

Septiembre del 2025.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

MOVIMIENTO PATRIÓTICO “ECUADOR LIBRE Y ETERNO” 

lunes, 8 de septiembre de 2025

¿RETIRO TEMPORAL DE AUTORIZACIÓN (HASTA QUE LAS AGUAS SE CALMEN), O NULIDAD DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN MINERA DE QUIMSACOCHA?

Se están discutiendo cuál de las vías jurídicas merecen adoptarse respecto al trato que debería otorgarse al permiso de explotación minera en Quimsacocha, auspiciado por éste y por gobiernos anteriores. Es evidente que el régimen buscaría diferir en el tiempo el uso o autorización de dicha explotación. Hasta podría negociar esta posibilidad. Preferiría volver con todos sus ímpetus meses después antes que enfrentar la declaratoria de nulidad de todo lo actuado al margen de la Constitución y la ley.

 Se ha establecido en forma documentada e irrebatible, que la ubicación de la concesión minera es falsa, que la documentación presentada para su aprobación ha resultado adulterada y también falsa, y por lo tanto sin valor jurídico todo lo tramitado por ilegal e inconstitucional. Todo lo actuado por las multinacionales es nulo, de nulidad absoluta. ¿Cuál es el camino que debemos adoptar? Respetuosas sugerencias:

PRIMERO: Debe exigirse el respeto irrestricto de las consultas populares constitucionales, debidamente autorizadas, porque el Art. 106, inciso tercero, de la Constitución es inapelable: “El pronunciamiento popular será obligatorio e inmediato cumplimiento.” Es un derecho innegociable.

SEGUNDO: Debe exigirse el respeto a las sentencias judiciales e iniciarse un juicio penal a quien se niegue a respetar dichas sentencias aplicando el Art. 282, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que determina pena privativa de libertad de uno a tres años para La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, órdenes a ella por autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco años.”

TERCERO: Exigirse la NULIDAD de la concesión por las siguientes razones jurídicas, legales y constitucionales: 

a) Se ha violado el Art. 9 del Código Civil, que establece: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; (…)”.

 b) Recordar lo prescrito en el Art. 10 del Código Civil: “En ningún caso pude el juez declarar válido un acto que la ley ordena sea nulo.”

c) Recordar que el Art. 1485 del Código Civil señala: “Los actos y contratos que la ley declara inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad.”

d) Exigir se considere lo determinado en el Art. 82 de la Constitución: “El derecho a la seguridad jurídica se funda en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas a aplicadas por la autoridad competente.”

e) Exigir se respete el Art. 424 de la Constitución, que ordena: La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”

f) Tomar en cuenta lo garantizado en el Art. 12 de la Constitución: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”  (40-101)

Cuenca, septiembre del 2024.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

domingo, 7 de septiembre de 2025

UN RÉGIMEN DESALMADO EN ECUADOR

SI, la sociedad ecuatoriana está conmovida por el abandono deliberado y cruel de la salud y otros servicios. Resulta incomprensible y doloroso que desde todo el país existan quejas desesperadas todos los días por la falta de medicamentos y adecuada atención en 130 hospitales públicos. Periodistas ecuatorianos residentes en EE UU (caso de Edgar Jara, domiciliado en Nueva York), para sortear la censura en el país, denuncian por las redes el fallecimiento de más de 620 niños en el área de neonatología, a partir de enero, por la falta de equipos de respiración (o por contaminación) en los centros de salud abandonados a su suerte.

La indignación creciente se presenta cuando se enteran que están solicitando alimentos para los enfermos. Desde las cárceles suplican que ayuden a detener la propagación de tuberculosis. Muchos pacientes que requieren diálisis, todo el tiempo, claman y suplican al gobierno por su vida. Los carteles de “Presidente no me deje morir” conmueven. ¡Ninguna autoridad los escucha! ¡Somos una sociedad abandonada a su suerte! ¡Padecemos un régimen desalmado que busca ahorrar el gasto social para que todos los recursos recortados vayan al pago de obligaciones convenidas con el Fondo Monetario Internacional!

¿En qué se gasta el dinero que por miles de millones de dólares le endeudan al país? En diciembre resolvieron recortar varios cientos de millones, acatando “recomendaciones” del FMI. Se supone que ese dinero se destinaría al pago de una deuda jamás pedida por el pueblo ni utilizado para paliar sus permanentes necesidades. La gente se pregunta: 

¿Existe en verdad un gobierno nacional? 

¿Quién atiende a la población angustiada? 

Es obvio que en el país priman, sobre toda consideración humana, las políticas del FMI, de los acreedores, y sus intereses financieros. ¡El pueblo abandonado no cuenta para nada! Y no solo en el campo de la salud, sino de educación y otros. Pero “quien siembra vientos cosechará tempestades”. Se avecina una poderosa reacción social. Por ello la desesperación de expedir leyes represivas sin parangón.

FUENTES: https://www.facebook.com/share/p/1BJWJbKLZB/    https://www.facebook.com/share/p/1BGpd4ne95/      https://www.facebook.com/share/p/1V8ViT7FQr/  

Quito, septiembre del 2024.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

lunes, 11 de agosto de 2025

¿DEMOCRACIA O DICTADURA?

El Art. 136 de la Constitución ordena: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el artículo que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.”

Sin embargo, en la “Ley Orgánica de Integridad Pública”, difundida en el tercer suplemento del R. Oficial 68, del 26 de junio del 2025, en 163 páginas, modifica VEINTIÚN 21 LEYES, de distintas materias, y que son las siguientes:
1. Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. 2. Ley Orgánica del Servicio Público. 3. Código Orgánico Monetario y Financiero. 4. Código Orgánico Integral Penal. 5. Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. 6. Código Orgánico General de Procesos. 7. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 8. Código Orgánico Administrativo. 9. Ley Orgánica de Empresas Públicas. 10. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 11. Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. 12. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 13. Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleos. 14. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 15. Código Tributario. 16. Código Orgánico de la Función Judicial. 17. Código Orgánico de Movilidad Humana. 18. Ley Orgánica de la Función Legislativa. 19. Ley de Hidrocarburos. 20. Ley de Seguridad Social. 21. Ley Orgánica de Servicio Exterior.
La Corte Constitucional debería en derecho declarar la nulidad, por la forma y el fondo, de esta ley modificatoria de 21 leyes, así como de otras que del mismo modo violan la Constitución, que no son ni económicas ni urgentes, y pedir que el gobierno respete la constitución.
El Art. 140, inciso segundo, de la Constitución, consagra: “Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción.” Regulación que tampoco cumple, pues envió tres proyectos “económicos urgentes” simultáneos que se publicaron así: 1) El 10 de junio la “Ley Orgánica de Solidaridad Nacional”, nombre cambiado del original que, en forma pomposa e inexacta, decía “Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”. 2) El 11 de junio, en el S del R. Oficial Nro. 57, la “Ley Orgánica de Inteligencia” medio para desatar persecución y represión social, violando derechos constitucionales y prescripciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contra toda la población y no solo grupos al margen de la ley. 3) El 26 de junio, en el 3S del R. Oficial 68, en 163 páginas, “La Ley Orgánica de Integridad Pública”.
En vez de respetar la Constitución el gobierno convoca a una marcha para exigir que la Corte Constitucional la viole. Preguntamos: ¿Tenemos un monarca dirigiendo la República? ¡Suponíamos que nadie está sobre la Constitución y la ley!
Diego Delgado Jara
Agosto 11 del 2025