JUSTICIA ECUATORIANA SOMETIDA

 1. El país asiste conmovido e indignado a las denuncias del juez anti corrupción Carlos Serrano, quien había grabado la presión oral de una autoridad del Consejo de la Judicatura en la que le conminaba emita una sentencia “afeitada” y acomodada a favor del sindicado por narcotráfico Jezdimir Srdan, de un grupo ilegal europeo, y que antes fue defendido por personas allegadas al mismo Consejo de la Judicatura.

2. Resulta que como el excepcional referido juez no quiso aceptar la presión superior indebida, las autoridades judiciales, con la complacencia y complicidad de un ministro del régimen de ADN, procedieron a retirarle su seguridad personal concedida por amenazas a su vida por fallos anteriores. Ante el desamparo coordinado por sus propias autoridades y el riesgo de ser eliminado (estimado en el 38% según la propia policía), decidió renunciar a la Judicatura, denunciando la patraña, e irse del país para proteger su existencia y de su familia, de la narco justicia con raíces y respaldos a todo nivel.

3. El Art. 168, numeral 1, de la Constitución establece: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.” Todo es letra muerta. ¡Con una consulta inconstitucional, turbia y fraudulenta para secuestrar políticamente toda la Administración de Justicia, con el control del Consejo de la Judicatura en manos del ingeniero electrónico e incondicional de Correa Paulo Rodríguez Molina!

4. La consulta se llevó a efecto el 7 de mayo del 2011, pero en la misma aparecieron 1´229.330 electores fantasmas, adicionales o inexistentes a los que en verdad podían sufragar según el censo del 28 de noviembre del 2010, y los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. (Expreso, del 15 de septiembre del 2011, página 2). El informe de la OEA, del 12 de noviembre del 2012, reconocía, en forma adicional, que en el 63,6 % de las actas de las Juntas Electorales de esta consulta popular, para llevarse la Administración de Justicia, no coinciden el número de firmas con el número multiplicado de votos.

5. Con el control de mayorías legislativas privatizadoras y garantes de la impunidad más absoluta, y el refuerzo de cortes sumisas en sus manos, igual que en Tercer Reich, han atropellado todas las garantías ciudadanas sin que nadie detenga los desafueros. No existen sanciones ni procesos para los verdaderos responsables de los peores atracos al patrimonio fiscal. Crímenes como el del general Jorge Gabela, Fausto Valdivieso, Quinto Pazmiño y señora, de ambientalistas y defensores de la naturaleza como Freddy Taish, Bosco Wisuma, José Tendetza, entre otros, y el reciente de Fernando Villavicencio, quedan todos en la más escandalosa impunidad. 

6. El actual Consejo de la Judicatura, aunque lo niegan, fue conformado con elementos de ADN y RC5, con el apoyo total de Daniel Noboa. Asesor medular de este régimen es Darwin Jarrín, abogado de Rafael Correa, quien admite en forma pública que es “el brazo derecho” del actual mandatario. Los casos metástasis, purga, plaga y otros demostraron que los partidos “más poderosos” son fachadas de grupos al margen de la ley, proclamados siempre por un CNE cómplice de bolsillo, y que son los auténticos dueños de la Administración de la Justicia.

7. Nada es nuevo; todo es previsible. Recordemos que la jueza Nubia Vera fue destituida por un fallo a favor de reconocer la calidad de vicepresidenta a Verónica Abad, designada como tal en las urnas, luego de exhibir el pendrive enviado con el texto desatendido de la sentencia ordenada desde el propio Consejo de la Judicatura. ¡Somos un país secuestrado por dictaduras electrónicas oligárquicas, sucesivas y concertadas para la opresión ininterrumpida! ¡Se impone pensar en un Gobierno de Unidad y Salvación Nacional que frene el desesperante tormento social, y evite el descalabro total de la República!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO NO ES POSIBLE EN EL ECUADOR

Con motivo del reclamo del movimiento campesino e indígena se ha pretendido atacarlos, desprestigiarlos al máximo y descalificarlos por el simple hecho de ser parte de un sector históricamente excluido y marginado en la sociedad ecuatoriana. Incluso, con tintes racistas, a los indígenas se los pretende desacreditar al máximo nivel. Algunas personas hasta, y lo escriben, los consideran como responsables de “aberraciones criminales”, y con toda ligereza los tratan como “terroristas”, estar financiados por dineros al margen de la ley, agregando muchos otros epítetos peyorativos. Existe el objetivo político de debilitar, denigrar y anular al máximo a una de las organizaciones populares más importantes del país.

El gobierno y sus troles buscan descalificarlos por el solo hecho de pertenecer al movimiento indígena y campesino; olvidando que dentro de esta organización popular existen matices y diferencias, y libertad absoluta en cuanto a su pensamiento y a su práctica, y que es injusto el difamarlos en forma generalizada, sin que nadie pueda discrepar en contra de la opinión de un régimen que busca establecer mecanismos dictatoriales idénticos a los que tuvo Correa cuando se apoderó de todos los poderes e instituciones del Estado en el lapso 2007-2017. La represión y censura fueron características que hoy pretenden ser reinstaladas y superadas en el país.

Nadie defiende prácticas terroristas como trata de impregnar la opinión del régimen y sus troles a todos los miembros del movimiento campesino e indígena del Ecuador; no es verdad ni es justo. No hay una sola línea de nuestro escrito en que se alaben actos violentos. Nada más alejado de la verdad. Lo que si se hace, frente a la campaña de calumnias, es una comparación respetuosa, pero sustentada en la realidad, de las prácticas del gobierno y sus acusaciones, por una parte, y la actuación de los campesinos e indígenas por otra, en torno a uno de los argumentos más inexactos, malintencionados y peyorativos del régimen relativos a supuestos y no comprobados nexos con grupos al margen de la ley. Que la verdad les moleste es otro asunto.

Decía Marco Tulio Cicerón que “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.” Resulta que frente a la campaña de mentiras sistemáticas del régimen (con el abrumador apoyo de ciertos medios de comunicación alimentados por el mismo y sus miles de troles), y ante el ataque calumnioso y hasta racista contra los campesinos e indígenas todos los ecuatorianos deberíamos quedarnos callados para que no nos acusen de apoyadores del “terrorismo”. Los troles están muy equivocados. No coincidimos con esa opinión. Este es un país donde todavía, cada vez con más restricciones, podemos opinar y discrepar. No estoy de acuerdo con las campañas de calumnias que, en forma evidente, se han lanzado contra los campesinos e indígenas del Ecuador, quienes además no pueden defenderse a cabalidad ante un ataque tan abrumador, millonario y concertado.

Frente a campaña tan degradante, abrumadora y calumniosa, en contra de uno de los estamentos poblacionales más excluidos y maltratados en siglos de dominación, estoy obligado moralmente a no callarme ante lo injusto. No olvidemos que el origen de todo el problema que vivimos está en la aplicación por parte del régimen de las medidas “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional para “recaudar más dinero” para pagar a los acreedores del país, donde también está el propio FMI. Allí está el origen del problema. Basta aplicar el principio de la relación causa efecto. El origen está en el régimen arrodillado, frenético solicitante de créditos, ante los organismos multilaterales que anhelan que el patrimonio social y nacional vaya a manos de sus multinacionales.

Para aplastar e inmovilizar a toda la población (no a los grupos al margen de la ley), para someterla al entreguismo de la globo colonización, se enviaron los proyectos de ley urgentes y profascistas de carácter inconstitucional. La dictadura del encargado por Washington para conseguir espacio para sus bases militares atentatorias a la soberanía nacional, aunque para ello deba reformar la Constitución, y de quien, como Presidente de Ecuador, viaja al Medioriente para abrazarse y solidarizarse con Benjamín Netanyahu, luego de haber sido condenado por genocidio por la Corte Penal Internacional, después de la muerte atroz de más de cincuenta mil palestinos desarmados, y pretender matar de hambre a millones de palestinos, debe ser detenida.

El Art. 98 de la Constitución (todavía vigente) establece que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público (…)” El tercer considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, justifica que este instrumento se dicta “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”

Humanistas y sabios insignes han hablado sobre las responsabilidades morales del silencio cómplice. El Mahatma Gandhi decía que “La más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de gente buena.” Albert Einstein escribió: “El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad.” Martin Luther King enseñaba que “Quien acepta pasivamente el mal es tan responsable como el que lo comete. Quien ve el mal y no protesta ayuda a hacer el mal.” Desmond Tutu, el líder y pastor africano siempre repetía: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor.” José Martí, el maestro y prócer cubano caído en combate en mayo de 1895, advirtió: “El que vive de la infamia o la codea en paz, es un infame. Abstenerse de ella no basta; se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen es cometerlo.”

 Octubre del 2025.

 

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¿EL GOBIERNO O LOS INDÍGENAS?

 FRENTE A LAS ACUSACIONES DEL GOBIERNO Y SUS TROLES AL MOVIMIENTO CAMPESINO E INDÍGENA, CON EL OBJETIVO DE DESPRESTIGIARLO Y DEBILITARLO, EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD, CABE PREGUNTAR:

¿La violencia desatan las autoridades que toman las medidas antipopulares, obedeciendo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, o quiénes se defienden de esas políticas antipopulares aplicando el derecho a la resistencia, consagrado en el Art. 98 de la Constitución?

Se sabe a la perfección que las sustancias prohibidas salen por los puertos marítimos del país. ¿Quiénes tienen acceso, presencia, guardias y elementos armados a su orden, las 24 horas del día, en dichos puertos entregados a las multinacionales (en el régimen de Correa), el gobierno o los indígenas?

Se conoce que se transportan dichas mercancías ilícitas a través de buques muy costosos. 

¿Quiénes son los dueños, controladores, y que disponen de acceso a dichas carísimas embarcaciones, con permisos oficiales, los grupos monopólicos, accionistas y autoridades, o los indígenas?

¿Quiénes controlan y supervigilan, como autoridades al más al más alto nivel, todas las carreteras, aeropuertos y los puertos marítimos públicos y privados, el gobierno o los indígenas? ¿Quiénes han presentado y hecho aprobar todas las leyes de control y supervisión, con todos sus matices permisivos, el gobierno o los indígenas?

¿Quiénes controlan las cárceles donde en los últimos días se han producido más de treinta asesinados en Machala y Esmeraldas? 

¿Quiénes han permitido, por acción u omisión, el acceso de armas dentro de las penitenciarías, el gobierno con sus altos funcionarios o los indígenas? 

¿Por qué están en cárceles de gran peligrosidad los manifestantes populares de Imbabura, y no los que perjudicaron al país en 158 millones de dólares comprando termoeléctricas, a las empresas Progem y Austral, que no pueden aportar desde hace diez meses, con un solo megavatio de potencia eléctrica para el país que entregó el dinero?

¿Quiénes han permitido, por acción u omisión, las transferencias financieras millonarias de carácter internacional, el gobierno o los indígenas? 

¿Quiénes manejan las cárceles y sus pabellones, donde ingresan armas de todo tipo y donde se producen las reiteradas matanzas, el gobierno o los indígenas?

¿Quién maneja el aparato burocrático de los Ministerios de Gobierno y del Interior, el gobierno o los indígenas?

¿Quiénes pudieron controlar durante todo tiempo y lugar, con escáneres y otros medios electrónicos, el acceso y comercialización de armas, dentro y fuera de las cárceles, el gobierno o los indígenas?

¿Quién podía haber intervenido, cortado o facilitando, el acceso de comunicaciones entre los responsables de actividades al margen de la ley, el gobierno o los indígenas? 

¿Quién maneja la Administración de Justicia? 

Bien lo reconoce un viejo adagio: “La razón natural no pide fuerza”. Es obvio que las evidencias no pueden ocultarse. El movimiento campesino e indígena del Ecuador, como siempre, es víctima de la enésima campaña de calumnias.

NO A LA MANIPULACIÓN DE FUERZAS ARMADAS

La confrontación previsible de sectores sociales y populares con Fuerzas Armadas es parte del viejo y perverso proyecto de sembrar enemistad entre el pueblo y esta institución, impulsado por las oligarquías más regresivas de América Latina. Un país dividido, con fracturas internas perdurables, es más fácil de neutralizarlo, colonizarlo y subordinarlo al plan del Nuevo Orden Mundial de carácter fascista.

La Constitución de la República en su Art. 158, inciso segundo, establece con claridad que “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial”, y en su siguiente inciso precisa que “La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. Prescripciones aprobadas por el pueblo en las urnas, y que los grupos dominantes en el gobierno no las cumplen. Solo buscan utilizar a las Fuerzas Armadas para  reprimir e inmovilizar al pueblo.

Las prescripciones constitucionales una vez  mas no son cumplidas, el empeño de manipular a las FFAA ha sido una constante de los círculos del poder que siempre han buscado convertir a las FFAA en instrumentos de control social, de represión y de garantía para sus privilegios. En el Ecuador es notorio que todos los proyectos de ley urgentes que presento Noboa estaban orientados a reforzar la represión social en ningún caso controlar las actividades de los grupos al margen  de la ley, las evidencias demuestran la orientación antipopular del régimen.

Históricamente las FFAA se deben a la nación, al conjunto del pueblo, no es una entidad al servicio de una sola persona, más aun si esta comprometida con los intereses extranjeros. 

NO SERIA NADA EXTRAÑO QUE NOBOA BUSQUE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PARA CONSAGRAR QUE FFAA SEA UNA SEGUNDA POLICÍA ALTAMENTE ESPECIALIZADA EN LA REPRESIÓN Y EL CONTROL SOCIAL.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LOS INTERESES DEL AZUAY

 El presidente Noboa dice que convocará a una Asamblea Nacional Constituyente para los próximos meses. Es evidente que tiene intenciones notorias e inocultables con este empeño. La víspera de su anuncio, conviene recordar, se produjo una enorme movilización social en contra de la contaminación del agua en el caso de la explotación de la mina Quimsacocha.

Resulta notorio que el presidente tiene compromisos muy grandes con la multinacional Dundee Precious Metals, que se expresan en dos hechos: el no haber archivado su explotación ante un clamor tan colosal como el exteriorizado por toda la provincia del Azuay, y, segundo, el haber pedido en forma expresa que el Alcalde de Cuenca y el Prefecto del Azuay atiendan una demanda de arbitraje de esta compañía en la ciudad de Londres.

No habría ninguna razón para un arbitraje, en ninguna parte del mundo; primero, porque prohíbe esos arbitrajes, en forma expresa, el Art. 422 de la Constitución vigente y porque el pueblo decidió su rotunda oposición a esos arbitrajes en consulta popular en abril del 2024, salvo que el gobierno nacional, en forma inconstitucional y a espaldas del país, burlándose de la opinión del pueblo, hubiese firmado algún compromiso de arbitraje internacional en ese sentido, comprometiendo al país.

En El Universo, del viernes 2 de mayo del 2025, pág. 8, la compañía SOLGOLD, concesionaria de la mina “Cascabel” de la provincia de Imbabura (una de las mayores reservas del mundo en oro, plata y cobre), informa que dicha empresa firmó un compromiso de Arbitraje Internacional “bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Londres”. Indica además que se suscribió ese compromiso con la venia del gobierno y la aprobación expresa del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador.

Cabe preguntar: ¿No será que también existe firmado algún compromiso similar para algún arbitraje internacional sobre la explotación de la mina azuaya de Quimsacocha? El presidente se refirió, con absoluta precisión, al arbitraje de Londres. ¿Es posible conseguir el contrato de explotación minera a favor de la Dundee Precious Metals y revisar la cláusula para dirimir diferencias en caso de haberlas? ¿No alegarán desde el gobierno que existe un compromiso de “confidencialidad” o encubrimiento?

Con una nueva Constitución, donde el proceso de consulta manejaría el actual CNE dirigido por Diana Atamaint, y cuando anuncia que se elegirían los asambleístas por plancha (para asegurarse la mayoría), resulta evidente que el gobierno pretendería eliminar el requisito actual del Art. 57, numeral 7, de la Constitución, relativo a la “consulta previa e informada” sobre planes y programas “de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables” que se encuentren en tierras “de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”, así como allanaría todo obstáculo o requisito para entregar las minas, el petróleo y todos los recursos naturales como es su evidente y notoria intención. ¡Estamos advertidos de sus afanes e intereses!

Con el actual texto constitucional no podría hacer lo que le da la gana en este campo, más aún cuando el Art. 106, inciso tercero, de la Constitución, ordena que “El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento”, consulta que ya se llevó a efecto el 7 de febrero del 2021, y cuyos resultados están vigentes. Con una nueva constitución, hecha a la medida de los intereses de las corporaciones extranjeras, y con mayoría bajo su control, todo lo anterior podrían derogar. ¡Allá van!

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR NO ES LA RESPONSABLE DE LA DELINCUENCIA

Estamos asistiendo en estos días al manejo intensivo de trolls al servicio del gobierno de Noboa, quien busca imponer una dictadura represiva y sin control ni fiscalización alguna. Es perceptible apreciar como aplican la práctica intensiva, sin réplica, en la práctica del bombardeo ideológico trazado por el ministro de Propaganda del nazismo, Joseph Geobbels, quien enseñaba a todos sus subalternos del Tercer Reich que “Una mentira cien veces hábilmente repetida se convierte en verdad”. Analicemos dicha manipulación informativa y el anonimato agresivo y descalificador en sus mensajes.

Existen tres objetivos en las campañas de mentiras del oficialismo, con cientos o miles de trolls, en estos días:

Primero: Hacer creer que la delincuencia existe porque así lo permite la Constitución vigente.

Segundo: buscan convencer a nivel nacional que la masiva, poderosa e inocultable movilización en Cuenca, defendiendo sus fuentes hídricas, ha sido producto de la desinformación y el engaño a la ciudadanía.

Tercero: Pretenden indisponer a la mayor cantidad de gente posible en contra del movimiento indígena, para intentar neutralizar y descalificar sus proposiciones, incluso recurriendo a aspectos racistas. 

Vamos hoy al primer objetivo engañoso a la luz de la lógica y de la razón.

En Ecuador, al igual que en Colombia, Perú, Bolivia, Honduras, México, Chile, y otros países existen problemas de seguridad y de delincuencia similar. Pero la Constitución del Ecuador no está vigente en ninguno de los hermanos países, ni tampoco la Carta Magna de ellos rige en nuestro país, pero en todos ellos, con Constituciones diversas, existen problemas de seguridad similar.

Quienes dicen que la raíz de la delincuencia del Ecuador está en el texto constitucional, están profundamente equivocados. Nunca precisan cuáles son los artículos que promueven la criminalidad o la impunidad. Solo se han referido a que el Art. 416, numeral 6, permite el ingreso de extranjeros, que por cierto es una regulación discutible. El concurrir a otro país, emigrar incluso, no es soporte para creer con razón que migración es sinónimo de criminalidad. Nuestros compatriotas están en EE UU, Canadá, México, España, y cien países, pero en ninguna parte son irrespetados ni menospreciados. Todo lo contrario, son muy estimados por su sencillez y laboriosidad. Siempre debemos recordar el viejo dicho: “No hagas a otro lo que no deseas que te hagan a ti.”

LAS NORMAS QUE JUZGAN LOS DELITOS Y ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, PENAS Y SANCIONES NO ESTÁN EN LA CONSTITUCIÓN, SINO EN LAS LEYES SECUNDARIAS. Sobre todo en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en el caso de nuestro país. Esos cuerpos jurídicos son los que deberían perfeccionarse, y junto a ello tener jueces y fiscales probos y honestos. Recordemos que el 7 de mayo del 2011 mediante fraude electoral, con 1´229.330 votantes fantasmas se llevaron las cortes. Que existen jueces y fiscales que son una calamidad, sin absolutizar eso es cierto. La mayoría se posesionaron luego del fraude para tomarse la Justicia, Pero ningún presidente desea cambiar a la Administración de Justicia. Ni Moreno, ni Lasso, ni Noboa, han propuesto jamás depurar la administración de Justicia. Y todos han hecho consultas ciudadanas, pero nadie aborda ese aspecto fundamental en una sociedad. ¡Noboa no ha propuesto jamás nada al respecto, pero está muy preocupado para que se permitan los juegos de azar en los casinos de hoteles de cinco estrellas!

¿Por qué los delitos más comunes y que más se presentan en los países de Sudamérica no son los mismos que se producen en Suecia, Noruega, Dinamarca, u Holanda? ¿Creen que es un problema de genes o racial? Nada de eso. En nuestros países los delitos más comunes son los de carácter económico y de raíz social. Miremos los porcentajes de los presos por el tipo de delito. Hacia fines de la década del sesenta, hace décadas, el distinguido jurista lojano Jorge Hugo Rengel, elaboró un texto sobre el origen social del delito o “Concepción Sociológica del Delito”. Las encuestas evidenciaron que el 85% de los presos eran por hurtos, robos, microtráfico; eran los pungas, arranchadores, escaperos, y ese tipo de delitos.

Los jóvenes que ingresan a las organizaciones delictivas no lo hacen por el texto constitucional, sino porque no tienen trabajo ni estudio y les ofrecen ganar algunos cientos de dólares para que sobrevivan sus familias. Entre el 2011 al 2019 quedaron fuera de las universidades, por regulaciones discriminatorias, un millón 300 mil jóvenes y de ellos un millón no poseían trabajo. A la oligarquía no le ha importado jamás la vida del pueblo. Ellos solo piensan en las privatizaciones, comisiones, “mordidas”, e incrementar sus fortunas con total impunidad. Ahora proponen una Asamblea en la que ellos tengan mayoría con un Consejo Nacional Electoral de bolsillo. ¡Para ello ponen a trabajar a sus miles de troles para convencer a la ciudadanía con mentiras, calumnias, ataques, distorsiones e inventos!

LA TAJADA PARA LOS PRESIDENTES QUE VENDEN O TRANSFIEREN LOS BIENES PUBLICOS DE UN PAIS

LOS PRIVATIZADORES SE LLEVAN EL 10% DE LA RIQUEZA NACIONAL Y SOCIAL QUE VENDEN

El Premio Nobel de Economía del año 2001 fue entregado a Joseph Stiglitz, quien era economista principal del Banco Mundial, presidente del Consejo de Asesores Económicos del régimen de Bill Clinton. Aunque antes había asesorado al Fondo Monetario Internacional, FMI, sostuvo luego una fuerte polémica con esta entidad y la Organización Mundial de Comercio, OMC, por las políticas impuestas a los países desarrollados. Los acusaba de seguir políticas del Departamento del Tesoro y favorecer a los círculos financieros más poderosos del planeta.

Profundo conocedor de los organismos multilaterales, concedió una entrevista que se publicó siete días después de haber recibido el Premio Nobel, el 10 de octubre del 2001, en el diario “The Observer”, de Londres, en una entrevista para el periodista Greg Palast, cuyo título era “El Globalizador que regresó del frío”, donde destaca como los entes multilaterales profundizan las privatizaciones en los países que aceptan sus créditos “como una forma de obtener recursos” para garantizar los pagos de los créditos obtenidos. Forman parte de los llamados “acuerdos de reestructuración de deuda” que en forma supuesta son “voluntarios”.

Allí narra lo que, en palabras suyas, debería llamarse “el reinado del soborno” para facilitar la transferencia, concesión o privatización de los recursos naturales no renovables (como petróleo, minas, gas, tierras raras) y empresas fiscales muy rentables, como las eléctricas, telefónicas, de agua, y otras, a las denomina “industrias del Estado”. En forma textual, refiriéndose a los presidentes o ministros de Economía, de los países deudores, señala: “Usted podía ver como se les salían los ojos ante la perspectiva de una comisión del diez por ciento, consignadas en cuentas de bancos suizos, paraísos fiscales, o donde digan, por entregar” de miles de millones de dólares de sus activos nacionales.

No solo reciben una suculenta “mordida” los países sometidos a estos organismos multilaterales, sino que se ha convertido en una regla general para toda transferencia o privatización impulsada por regímenes del globalismo o globo colonizadores. Recordemos que en el gobierno de Correa se entregaron 18 campos petroleros, las más lucrativas minas (de oro, plata, cobre), los puertos marítimos (Puerto Bolívar por 60 años, Posorja por 50, Manta por 40, Providencia por 30, en Sucumbíos), la telefonía celular, las fábricas de cemento (como la Chimborazo y la Guapán), entre otros bienes nacionales transferidos. Pero eso no es todo.

Debemos anotar que quedaron aprobadas las leyes para privatizar los siguientes bienes, que las puede utilizar Daniel Noboa, como lo hicieron regímenes precedentes: las tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos; las centrales hidroeléctricas; la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ferrocarriles, Correos del Estado; el Banco del Pacífico; la Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, la empresa TAME. El gobierno de Noboa aprobó la transferencia del gas, con el pretexto de los apagones, y están embalados para acceder al control, manejo y reparto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¡Debe recordar nuestro pueblo como los atormentadores de siempre están organizados para el despojo permanente del patrimonio social y nacional a nuestra Patria bendita, asociados siempre con grandes multinacionales, propiedad de los círculos financieros más poderosos del planeta!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!